La secretaria de Gobernación asegura que esta reforma va por menos privilegios y más participación
El Gobierno de México presentó este martes el denominado “Plan B” de la reforma electoral, una iniciativa que busca reducir el gasto público en instituciones políticas y reconfigurar algunos mecanismos de participación ciudadana.
Durante la presentación, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, detalló que uno de los ejes centrales del proyecto es la reducción de privilegios en distintos niveles de gobierno, con el objetivo de destinar mayores recursos a obras de infraestructura.
Entre las medidas destaca la disminución del número de regidurías en los municipios, así como la limitación a una sola sindicatura por ayuntamiento. En el ámbito legislativo local, se plantea establecer un tope presupuestal equivalente al 0.70% del gasto total de cada entidad para los congresos estatales.
Asimismo, la propuesta contempla ajustes en los órganos electorales. Consejeros, magistrados y altos funcionarios no podrán percibir salarios superiores al de la Presidencia de la República, además de eliminar prestaciones adicionales como bonos o seguros médicos privados.
En el caso del Senado, se proyecta una reducción progresiva del gasto de hasta un 15%, como parte de la política de austeridad impulsada por la administración federal.
Otro de los puntos incluidos en el plan es el fortalecimiento de la figura de la revocación de mandato. De acuerdo con lo expuesto, este ejercicio se llevaría a cabo el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, dependiendo del momento en que se solicite.
El Ejecutivo sostiene que los ahorros generados por estos recortes serán canalizados a proyectos de infraestructura pública en estados y municipios, aunque la propuesta ya anticipa un nuevo debate político sobre el alcance de la austeridad y su impacto en el funcionamiento de las instituciones democráticas.
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