Con más de dos décadas dedicadas a la seguridad pública, el agente Juan de Dios Castillo Can aseguró estar enfrentando un proceso de baja que considera injustificado, tras haber sido desarmado hace año y medio por órdenes del director de Seguridad Pública Municipal, con quien —según dijo— mantiene diferencias desde entonces.
Explicó que el conflicto comenzó cuando el director intentó agredirlo verbalmente y, al negarse a responder, fue desarmado sin causa aparente. Desde entonces, señaló que no ha podido realizar su examen de control y confianza, ya que “le cerraron las puertas” dentro de la corporación, lo que ha derivado en su exclusión de las labores operativas.
El policía manifestó que esta situación ha afectado su salud, pues padece diabetes y el estrés del conflicto ha complicado su condición. Comentó que recientemente fue notificado de manera verbal sobre su baja, aunque sin haber recibido un documento oficial ni haber firmado ninguna notificación.
Castillo Can sostuvo que el proceso en su contra podría tener tintes políticos, pues considera que su exclusión está relacionada con no haber apoyado a ciertos grupos dentro de la corporación. “Yo no soy político, soy policía”, afirmó, tras indicar que incluso fue enviado a labores de riesgo sin armamento tras el incidente con el director.
El agente indicó que buscará asesoría legal para impugnar la notificación y exigir una liquidación conforme a los más de 21 años de servicio que ha desempeñado en la corporación municipal. Afirmó que no dejará su puesto hasta recibir una resolución clara por parte de las autoridades competentes.
Finalmente, recordó que durante su trayectoria ha recibido múltiples capacitaciones en combate urbano, primeros auxilios y manejo policial, por lo que cuestionó que se le considere “no apto” para el servicio. “El Estado ha invertido en mi preparación; soy policía de profesión”, subrayó.