La protección de un niño de cinco años está en el centro de la denuncia pública de una madre que advierte sobre presuntos riesgos durante las convivencias con su padre, en un caso donde también refiere antecedentes de violencia familiar. Golda Ingrid Bonilla Várguez exigió que las autoridades revisen las condiciones de convivencia y prioricen la integridad física y emocional del menor.
La denunciante afirmó que existe una demanda por violencia familiar y cuestionó que se hayan establecido condiciones de convivencia entre el niño y su padre sin que, desde su perspectiva, se hayan atendido suficientemente los antecedentes que expone. Sostuvo que su petición no busca borrar la figura paterna, sino evitar que su hijo quede expuesto a situaciones que puedan afectar su integridad física y emocional.
Entre los hechos que considera motivo de alarma, Bonilla Várguez relató que el niño le ha contado situaciones ocurridas durante las visitas con su padre, incluida una circunstancia relacionada con el momento del baño que le generó preocupación. También aseguró que el menor ha regresado en ocasiones con fiebre, sin haber comido y con cambios de comportamiento. Estos señalamientos no constituyen por sí mismos hechos acreditados, pero ameritan que las autoridades competentes los examinen con seriedad y sin exponer al niño a interrogatorios o situaciones que puedan revictimizarlo.
La madre también manifestó que ha buscado apoyo ante el Poder Judicial, la Fiscalía y el DIF municipal, sin sentirse escuchada. Afirmó que enfrenta advertencias relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones de convivencia y con una posible afectación a la pensión alimenticia. En medio de este conflicto, insistió en que las decisiones de las instituciones deben considerar las necesidades del niño y no limitarse a resolver las diferencias entre sus progenitores.
Bonilla Várguez agregó que atravesó un periodo de precariedad económica después de abandonar su vivienda con el menor y que durante siete meses, según su versión, no recibió apoyo económico del padre. Asimismo, cuestionó un documento relacionado con un cobro de 5 mil 800 pesos y pidió que se revisen tanto las condiciones de manutención como las medidas judiciales vigentes. La pensión alimenticia corresponde al derecho del niño y cualquier modificación debe resolverse por la vía legal, atendiendo a sus necesidades y a las circunstancias acreditadas.
Ante la gravedad de lo expuesto, la prioridad debe ser determinar si el menor está seguro y garantizar que cualquier convivencia se desarrolle bajo condiciones que protejan su integridad. Corresponde a las autoridades competentes valorar los antecedentes de violencia, escuchar al niño mediante personal especializado y adoptar las medidas de protección que procedan, sin prejuzgar sobre la responsabilidad de las personas señaladas. La denunciante pidió que su caso sea revisado y que el bienestar de su hijo prevalezca sobre cualquier disputa entre adultos.