En Quintana Roo, los ciudadanos han tenido que tomar la búsqueda de justicia en sus manos y presionar a las autoridades para que éstas realicen su trabajo, pues a pesar de la crisis de desapariciones y ola delictiva, la Fiscalía General del Estado (FGE) actúa con lentitud.
Para tener un margen de información que permita entender qué ocurre dentro de la dependencia y los motivos de su falta de respuestas para con los quintanarroenses, se consultó con una persona que laboró durante tres décadas en diferentes mesas de la entonces Procuraduría General del Estado, quien por seguridad prefirió omitir sus datos personales.
Menos “margen de acción”
De acuerdo con su experiencia, ha cambiado mucho la manera de operar de las autoridades desde que la Procuraduría pasó a ser Fiscalía, ya que se implementaron nuevas reglas de operación respecto a los derechos humanos de los presuntos responsables, lo cual le ha restado mucho margen de acción a los policías.
Mencionó que la idea de que la Fiscalía se haya convertido en un “rehén” de grupos sociales sugiere que su capacidad de actuar conforme a la ley y de manera autónoma ha sido severamente limitada. Un rehén, en este contexto, se refiere a una entidad cuya libertad de decisión ha sido coartada por factores externos que ejercen una presión constante y efectiva.
Un ejemplo concreto podría ser cuando, tras un bloqueo carretero, la Fiscalía decide acelerar ciertos procesos o adoptar medidas que favorezcan a los manifestantes, lo que podría interpretarse como una forma de ceder ante la coacción social. Si esta dinámica se repite con frecuencia, el organismo estaría efectivamente siendo manipulado por grupos que han descubierto que el uso de la protesta pública es un mecanismo para influir en decisiones judiciales.
Anteriormente, la Policía Judicial tenía libertad para trabajar en cuanto se suscitará algún hecho, sin necesidad de que el procurador diera la orden; no obstante, actualmente requiere de la autorización del titular para poder actuar.
Enfocándose hacia el tema de los desaparecidos, una hipótesis acerca del porqué no hay resulta- dos, puede ser porque el fiscal tarda en dar “luz verde” a los agentes ministeriales para que inicien con las búsquedas.
Otro de los puntos que señaló el entrevistado es que el personal suele ser insuficiente para atender todas las carpetas de investigación que se abren, por lo que los procesos se vuelven lentos y se van rezagando, generando un acumulado que muy difícilmente podrá ser resuelto en la inmediatez; y las desapariciones no son la excepción.
También hizo hincapié en quela problemática de la delincuencia organizada y las desapariciones atribuidas a ésta es algo relativamente reciente en Chetumal, por lo que también existe la posibilidad de que las autoridades no cuenten con los elementos y la capacitación y capacidad necesaria para afrontarla y solucionarla.
Pierde cada vez más credibilidad
Por otra parte, los pobladores opinan que si la falta de atención a las denuncias y malos tratos han generado la desconfianza en la Fiscalía General del Estado, ahora ceder a medidas de presión mediante bloqueos de carretera y aceptar modificar sentencias para liberar a personas detenidas por delitos graves, ocasiona que la dependencia pierda credibilidad y las víctimas se sientan en riesgo y no obtengan la tan deseada justicia.
En un sondeo realizado con los habitantes, señalaron que al Gobierno de Quintana Roo le ha faltado “mano dura”, pues en la actual administración se han registrado varios cierres carreteros, tanto para demandar celeridad en las investigaciones, como para pedir la liberación de detenidos.
