El aseguramiento de un predio en la Ruta de los Cenotes, en Puerto Morelos, por presuntas irregularidades en materia ambiental y de desarrollo urbano, derivó de un cateo ejecutado por autoridades estatales y federales, tras detectar la promoción y venta de lotes comerciales sin permisos oficiales.
La diligencia fue realizada por la Fiscalía General del Estado en coordinación con la Secretaría de Marina, luego de que un Juez de Control otorgara la orden correspondiente, como parte de una investigación relacionada con posibles delitos contra el ambiente y el desarrollo urbano.
De acuerdo con las indagatorias iniciales, el proyecto inmobiliario operaba sin contar con autorizaciones en materia ambiental, uso de suelo y desarrollo urbano, requisitos indispensables para este tipo de desarrollos. A pesar de ello, se identificó que los terrenos eran ofertados y difundidos de manera activa, sin respaldo legal, lo que podría derivar en responsabilidades administrativas y penales.
La intervención estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Ambientales, la Fauna y el Desarrollo Urbano, instancia que documentó la falta de permisos y la posible afectación derivada de la actividad inmobiliaria en una zona considerada de alta sensibilidad ecológica.
Durante el operativo también participó personal del Colegio de Biólogos del Estado de Quintana Roo, quienes llevaron a cabo inspecciones técnicas para verificar daños visibles al entorno natural.
Entre los aspectos evaluados se incluyeron la remoción de vegetación, alteraciones al suelo y posibles impactos al ecosistema local, debido a la cercanía del predio con cenotes y áreas de selva. Las autoridades señalaron que el sitio intervenido se ubica en una región con alto valor ambiental y turístico, lo que incrementa la relevancia de las acciones de vigilancia y control ante desarrollos que no cumplen con la normativa vigente.
Tras el cateo, el inmueble quedó asegurado y bajo resguardo de la autoridad ministerial, mientras continúan las diligencias para deslindar responsabilidades y determinar el alcance de las posibles afectaciones, así como la situación jurídica de quienes promovían el proyecto.
Redacción Por Esto