Chetumal, Q. Roo. — Entre 2017 y 2025, 191 personas fallecidas que permanecían sin identificar en Quintana Roo finalmente fueron reconocidas gracias al uso de escáneres biométricos y al cruce de datos con el padrón del INE. Aunque el avance es significativo, también revela una dolorosa realidad: más de 260 cuerpos aún no han sido reclamados ni identificados, y cada uno representa una familia que sigue esperando respuestas.
El Fiscal del Estado, Raciel López Salazar, informó que este resultado fue posible mediante un convenio con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), que permitió implementar herramientas automatizadas para el cotejo de huellas dactilares. En contraste, reconoció que hasta hace pocos años los procesos eran manuales, lentos y poco eficientes, lo que prolongaba el sufrimiento de muchas familias.
La estadística es fría, pero contundente: de los 456 cuerpos analizados, la mayoría proviene de Benito Juárez y Solidaridad, municipios marcados por la violencia, el crecimiento desordenado y el tránsito constante de personas migrantes. La violencia estructural que impera en estas regiones —donde proliferan redes de trata, explotación laboral y desaparición forzada— explica en parte por qué tantos cuerpos han terminado sin nombre y sin justicia.
Tan solo en 2025 se han logrado 66 nuevas identificaciones. Pero ¿cuántas muertes pudieron evitarse si las instituciones hubieran reaccionado antes? ¿Por qué tantos años sin bases de datos interoperables, sin escáneres, sin un micrositio público con información básica?
El Coordinador del Programa de Identificación Humana del UNFPA, Maximilian Murck, reconoció los esfuerzos, pero dejó claro que el reto sigue siendo mayúsculo. Por su parte, la gobernadora Mara Lezama celebró los resultados y agradeció el respaldo internacional. Sin embargo, los aplausos no pueden ocultar la ausencia histórica del Estado mexicano en materia de búsqueda de personas desaparecidas.
La desigualdad forense en México ha sido señalada por múltiples organismos internacionales. Las fiscalías operan con recursos limitados, personal insuficiente y tecnologías obsoletas. La de Quintana Roo no ha sido la excepción. Este esfuerzo, aunque loable, debe ser el punto de partida de una reforma estructural, no un logro aislado que maquille años de omisión institucional.
Los nombres recuperados de la oscuridad forense representan apenas una fracción de la deuda que el Estado tiene con miles de desaparecidos. Mientras tanto, el dolor de cientos de familias persiste: sin respuestas, sin cuerpos, sin justicia.